Seguros para Profesionales que desarrollan Actividades Económicas y Legales

No existe duda de que ninguna actividad profesional está exenta de errores y, esta norma, es también aplicables a los profesionales vinculados a la actividad relativa a la normativa legal. Las diferentes leyes son cambiantes y a pesar de que estos profesionales están obligados a reciclarse y estar a la última sobre todo lo que rodea a su profesión, la aplicación de las leyes es compleja y puede tener consecuencias que sean susceptibles de reclamaciones por parte de terceros.

Los profesionales que se dedican a ejercer el Derecho o a gestionar finanzas, dedican mayoritariamente su actividad al asesoramiento de sus clientes, con el objetivo de que sus negocios o empresas cumpla la ley vigente bajo la que tengan que operar debido a su actividad. Teniendo en cuenta qué tipo de errores pueden derivarse de la práctica de esta profesión, es fácil darse cuenta de que un fallo puede tener consecuencias muy graves. Hablamos de errores tales como fallos en la declaración y gestión de impuestos, en las gestiones frente a la Seguridad Social, presentaciones fuera de plazo, tramitación incorrecta de subvenciones, caducidad y prescripciones de plazos, errores en escrituras y actas o incluso de defectos procesales. En todos estos casos, el cliente podrá interponer una reclamación que puede poner en riesgo incluso las posesiones patrimoniales del profesional demandado e incluso derivar en procesos judiciales que puedan afectar al desarrollo de su profesión.

¿Existe alguna póliza que proteja a estos profesionales frente a las reclamaciones?

Efectivamente, existen productos aseguradores que respaldan a estos profesionales para que puedan ejercer su actividad con la tranquilidad de que si se produce un imprevisto, su aseguradora podrá responder por él. En el caso de Berkley España, la póliza destinada a tal fin es el seguro de Responsabilidad Civil Profesional Economía-Legal, que tiene como objetivo proteger frente a reclamaciones de terceros perjudicados por un error o negligencia, bajo el formato “claims made”. Esto significa que la aseguradora cubrirá la reclamación recibida durante la vigencia de la póliza, aunque el hecho causante haya ocurrido antes de su contratación.

Esta póliza puede contratarse por todos los profesionales y organizaciones que ejercen su profesión como abogados, administradores de fincas, expertos inmobiliarios, asesores fiscales, contables y laborales, graduados sociales, economistas, gestores administrativos, procuradores, jueces, mediadores de conflictos y administradores concursales.

Responsabilidad Civil profesional y mucho más

Entre las principales coberturas de esta póliza, se encuentran las correspondientes a la Responsabilidad Civil Profesional, es decir, la protección de patrimonio del asegurado frente a las posibles reclamaciones. Además de estas, entre las coberturas básicas de este seguro se encuentra la de defensa y fianzas, que garantiza la protección legal y la constitución de las posibles fianzas exigidas si la reclamación concluye en un proceso legal.

Además, una de las coberturas que cobra mayor protagonismo para el desempeño seguro de esta actividad es la que hace referencia a los daños a documentos de los clientes. En este caso, se cubre la responsabilidad por daños a documentos y expedientes: daños materiales, pérdida o extravío que puedan sufrir los expedientes o documentos que se encuentren en poder del asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada.

La póliza permite también la contratación de coberturas opcionales de entre las que destaca la protección frente a empleados que incurran en acciones deliberadas con el fin de obtener beneficios u ocasionar daños.

También es de señalar la cobertura que ofrece protección frente al incumplimiento de la LOPD, ya que protege contra reclamaciones por errores y omisiones profesionales con el resultado de perjuicios causados a terceros. Este apartado es especialmente sensible con las últimas revisiones de esta Ley, ya que propone fuertes sanciones económicas en los que incurran en su incumplimiento.

Por último, estas coberturas opcionales pueden cubrir incluso la inhabilitación profesional, ya que la prevé una indemnización al asegurado en caso de verse incapacitado para trabajar a causa de una sentencia judicial firme.