Algunas actividades profesionales son susceptibles de causar daño en el entorno natural debido a las emisiones de gases o vertidos que pueden derivarse de este tipo de industrias. Con el objetivo de proteger los recursos y los ecosistemas surgió la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que, tal y como se explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, obliga a los operadores dentro de su ámbito de aplicación, a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban. Pero, ¿qué se entiende por daño medioambiental y cómo pueden protegerse estas compañías?

La licitación de contratos con la Administración Pública y con algunas compañías de ámbito privado requieren la presentación de garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran suscritas en dicho contrato.

Las energías renovables son uno de los principales pilares para paliar el cambio climático y, por lo tanto, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por Naciones Unidas para la Agenda 2030. Estas políticas energéticas sostenibles, ineludibles para empresas y ciudadanos, así como la constante subida de los precios de la energía generada por fuentes no renovables, están impulsando el desarrollo y la implantación creciente de sistemas de energía renovable.