El trabajo que realizan los profesionales y las empresas que dedican su actividad a la obra pública impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La forma en la que los ciudadanos conviven en los espacios comunes de las ciudades, las infraestructuras de transporte, los proyectos de saneamiento y energía… son algunos de los proyectos en los que participan estos agentes y que determina la fisionomía de las ciudades y los entornos.

Hay una larga lista de actividades empresariales susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente y las consecuencias económicas para la empresa que incurra en un evento de este tipo pueden ser muy onerosas. La legislación española, plasmada en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, exige a los operadores que inflijan cualquier daño medioambiental o puedan hacerlo que adopten las medidas preventivas necesarias. Además, en el caso de que se produzca daños, las empresas tendrán la obligación de restituir los recursos naturales y garantizar que volverán al mismo estado que antes de producirse el siniestro.

Algunos profesionales desempeñan actividades que se rigen por una normativa concreta y unos requisitos muy rigurosos, ya que sus decisiones pueden tener grandes consecuencias humanas o materiales en el caso de que ocurra un siniestro. En este grupo de profesionales pueden enmarcarse los que desarrollan su actividad en sectores como el minero, forestal, la obra pública o civil, la geología, o los ingenieros de caminos, etc.

Los criterios ESG (environmental, social and governance) forman parte del lenguaje de todas las empresas que quieren mejorar su estrategia corporativa basándose en criterios de sostenibilidad y buen gobierno. Estas líneas directrices son las que actualmente apoyan las inversiones, las compras, las contrataciones y las actuaciones de las empresas que pretenden cumplir con la Agenda 2030 a través de estos criterios, de hecho, tal y como expresan el Pacto Mundial “podríamos considerar que el auge de la inversión socialmente responsable ha aumentado la intensidad del foco sobre los mismos”.

En los planes de negocio de cualquier empresa es imprescindible contemplar los riesgos que esta pueda correr: riesgos económicos y patrimoniales, personales, materiales o de cualquier otra índole. Contar con las herramientas necesarias para prevenir cualquiera de estos imprevistos debe estar en la hoja de ruta de todas ellas.

La actividad empresarial está sometida a una creciente regulación normativa en ámbitos cada vez más diversos. Esta exigencia regulatoria conlleva no pocas obligaciones y eleva la carga de responsabilidad, tanto para las organizaciones empresariales como para sus directivos. De ahí que las compañías y sus ejecutivos estén expuestas a posibles demandas judiciales por múltiples causas que, además, crecen a un ritmo exponencial.

Se acercan las vacaciones, esos días más largos en los que siempre nos proponemos recuperar las actividades que las horas de trabajo no nos permiten disfrutar y la lectura es una de ellas. El verano es además un buen momento para ponernos al día, aprender e informarnos sobre aquellos temas en los que nos gustaría profundizar.

En ocasiones, el lenguaje técnico puede llevar a confusión, de forma que los contratos se tornan en incomprensibles documentos para las personas que no están acostumbradas a manejar ciertos términos. Queremos que nuestra información sea totalmente transparente y que comprendas cada una de las palabras que suscribes con tu seguro, por ello, te facilitamos una pequeña relación de los términos más comunes que se manejan a la hora de contratar una póliza.

Gestionar una pequeña o mediana empresa no es sencillo, en ocasiones, los pequeños empresarios encuentran trabas que son fáciles de resolver para una gran corporación, como reclamaciones de terceros, multas de la Administración o problemas con la Ley de Protección de Datos, por ello, es estratégico que estas empresas puedan protegerse frente a posibles inconvenientes que puedan surgir en el día a día. Para cubrir esta necesidad, las aseguradoras lanzan productos que se adecúan a las necesidades de cada compañía, permitiéndoles proteger su patrimonio frente a posibles incidentes.

Trabajar con la Administración Pública o con proyectos privados de importante envergadura, como los relacionados con la construcción, pueden exigir a la empresa que opta a ese tipo de contratos un aval o garantía financiera que asegure que todas las cláusulas del mismo se van a llevar a término. Este tipo de avales financieros pueden suponer la paralización de fondos y la penalización en el sistema de crédito, para evitar estos inconvenientes surgen los seguros de caución.