Algunas actividades profesionales son susceptibles de causar daño en el entorno natural debido a las emisiones de gases o vertidos que pueden derivarse de este tipo de industrias. Con el objetivo de proteger los recursos y los ecosistemas surgió la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que, tal y como se explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, obliga a los operadores dentro de su ámbito de aplicación, a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban. Pero, ¿qué se entiende por daño medioambiental y cómo pueden protegerse estas compañías?

Cada empresa, organización y trabajador autónomo debe tener entre sus prioridades mantener la seguridad de su negocio conociendo a fondo los riesgos que puede correr en el desarrollo de su actividad. En los últimos años, muchas grandes empresas han sufrido ataques o accidentes que han hecho tambalear sus pilares y que han sido sostenidos en gran medida por los seguros que tenían suscritos. Sin embargo, garantizar la seguridad del negocio no es cuestión de tamaño, ya que todas las actividades profesionales están expuestas de una forma o de otra a distintos tipos de riesgo.

La licitación de contratos con la Administración Pública y con algunas compañías de ámbito privado requieren la presentación de garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran suscritas en dicho contrato.

Las energías renovables son uno de los principales pilares para paliar el cambio climático y, por lo tanto, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por Naciones Unidas para la Agenda 2030. Estas políticas energéticas sostenibles, ineludibles para empresas y ciudadanos, así como la constante subida de los precios de la energía generada por fuentes no renovables, están impulsando el desarrollo y la implantación creciente de sistemas de energía renovable.

En este sentido, la ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental, establece un régimen de reparación de daños medioambientales donde se especifica que los operadores que inflijan cualquier daño a los recursos naturales o puedan hacerlo, deben adoptar las medidas preventivas necesarias. Además, en el caso de que se produzca daños, las empresas tendrán la obligación de restituir los recursos naturales y garantizar que volverán al mismo estado que antes de producirse el siniestro.

Uno de los primeros objetivos a la hora de desarrollar una actividad profesional o de poner en marcha un negocio, debe ser asegurar que todos los trabajadores que desempeñen su actividad en la empresa lo hagan de forma segura, de manera que el empresario pueda garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y prevención para todos sus empleados.